La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal es una organización de ámbito nacional que representa a la Industria, la Tecnología, los Servicios y el Comercio del Metal  que integran un número cercano a las 220.000 empresas y casi dos millones de trabajadores. Un muy amplio sector con presencia en todos los segmentos de actividad y en todos los territorios, que está mayoritariamente formado por pymes y agrupa a los diferentes operadores que intervienen en toda la cadena de valor industrial y, en su mayoría, en sectores esenciales de la economía.

A tan amplio espectro de industrias y actividades afectan situaciones y problemas tan diversos como  los que preocupan y ocupan a las empresas. Por ello, en un ejercicio de reflexión conjunta con sus 80 organizaciones, Confemetal ha identificado las cuestiones cuya incidencia es más acusada en el  sector. De esas cuestiones se derivan las demandas y propuestas que deben ocupar un primer plano de cara a la próxima Legislatura. Agrupadas en doce áreas.

Ley de Industria

La Industria y el Comercio y los servicios a ella asociados dan solidez al conjunto de la economía,  contribuyen decisivamente a su productividad y su competitividad, y son la base del bienestar y la  sostenibilidad de la sociedad.  

Para mantener ese papel central de la Economía, la Industria necesita la puesta en marcha de una  Ley específica que contemple sus particularidades, permita aprovechar todas sus potencialidades y  facilite el desarrollo de su actividad.  

Un marco normativo aplicable, eficaz y útil, no limitador e impulsor de la inversión, la productividad,  el crecimiento y la creación de empleo de calidad. 

Mercado laboral y diálogo social

• Reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y los costes laborales, que  suponen un impuesto sobre el empleo y la competitividad. 
• Evitar que los nuevos derechos sociales y obligaciones en materia de igualdad y conciliación  supongan costes directos e indirectos a las empresas. 
• Dotar al ordenamiento laboral de una visión unitaria de la que ahora carece, para promover  la seguridad jurídica. 
• Frenar el aumento del gasto en Incapacidad Temporal y establecer mecanismos de control. 
• Favorecer una mayor la flexibilidad laboral interna, especialmente en materia de jornada,  funciones y salario. Y facilitar que la normativa laboral ofrezca opciones que permitan abaratar  costes manteniendo la relación laboral. 
• Establecer los mecanismos para que las estadísticas económicas y laborales sean fiables y  muestren con certidumbre la realidad del mercado laboral y su evolución 
• Mantener y no limitar los actuales mecanismos de contratación y subcontratación de  colaboración entre empresas,  
• Reforzar la negociación colectiva como la herramienta prioritaria para la regulación de las  condiciones laborales respetando la autonomía de la voluntad de las unidades de negociación  y evitando la petrificación de sus contenidos. 
• Potenciar el uso de los sistemas autónomos de solución de conflictos laborales, como  prolongación de la actividad negociadora a través de la gestión negociada de los conflictos. 
• Revisar el modelo y la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su adecuación a las  circunstancias actuales. 
• Reforzar el marco regulador de la previsión social complementaria, facilitando incentivos fiscales y deducciones de cuotas, y mayor transparencia y disponibilidad, en línea con lo  regulado en los países de nuestro entorno. 
• Garantizar a los interlocutores sociales la consulta, en un plazo adecuado, sobre todos los  temas relevantes de su competencia, respetando su autonomía y garantizando que no se  interfiera en la fijación de los salarios y en la negociación colectiva.

Formación

• Vincular el ámbito formativo al mercado laboral para reducir el desajuste entre la oferta y la  demanda de cualificaciones profesionales, impulsando mecanismos eficientes para la  detección de necesidades actuales y futuras del mercado laboral. 
• Reforzar los sistemas de orientación profesional y adaptarlos a las necesidades reales de  cualificación profesional.  
• Potenciar medidas que aumenten el atractivo de las disciplinas en ciencia, tecnología,  ingeniería y matemáticas. 
• Desarrollar programas para atraer a los jóvenes a la industria, prestigiando el entorno industrial y fomentando la formación profesional y las vocaciones de oficios industriales,  trasladando a la sociedad una imagen real del sector en términos de empleabilidad,  competencias profesionales y condiciones laborales.  
• Promover especialmente entre las mujeres las carreras y disciplinas en ciencia, tecnología,  ingeniería y matemáticas que dan acceso a empleos industriales y desarrollar programas  específicos para ello.
• Garantizar que las iniciativas de reciclaje y formación continua de los trabajadores se  realicen en colaboración con los interlocutores sociales y apoyar el desarrollo de sus capacidades mediante la ejecución de contratos programa de formación específicos con  financiación pública. 
• Flexibilizar la formación dual para que se adapte a las empresas. 
• Asegurar que los sistemas y modalidades de formación recojan las necesidades reales de las  empresas, a través de la participación de los interlocutores sociales en el diseño y definición de  sus programas.  
• Impulsar una mejora del sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales que  permiten la libre circulación de trabajadores. 
• Prestar un apoyo adecuado a las empresas, en particular a las pymes, para identificar las  necesidades de cualificación y el desarrollo de planes de formación adaptados a las  necesidades del mercado laboral. 
• Eliminar barreras de entrada a la formación financiada por las Administraciones Públicas,  como la exigencia de requerimientos tales como la implantación de planes de igualdad, la  acreditación del cumplimiento de normativa ISO en calidad y medio ambiente, etcétera, que  suponen importantes trabas para las empresas, principalmente las pymes.  
• Incluir determinados oficios del ámbito industrial dentro del catálogo de ocupaciones de  difícil cobertura. Especiales carencias se identifican en profesionales tales como instaladores,  torneros, fresadores, caldereros o soldadores. 
• Poner en marcha planes para acabar definitivamente con el estigma asociado al aprendizaje  de la Formación Profesional. 
• Llevar a término cuanto antes el mandato legal del artículo 27.2 LPRL y que éste permita  compatibilizar la tutela laboral de los trabajadores menores de edad con su derecho a la  empleabilidad y desarrollo profesional. Debe desarrollarse la Disposición Derogatoria de la  LPRL que mantienen en vigor el Decreto de 26 de julio de 1957, relativo al trabajo de menores. 
• Eliminar la incertidumbre e inseguridad jurídica, referida a la formación obligatoria 

Fiscalidad

• Reducir la presión fiscal a las empresas. La contribución tributaria total (impuestos más  cotizaciones sociales) que pagan las empresas españolas es superior a la media de la OCDE y  de la Unión Europea. 
• Adecuar la tributación del Impuesto sobre Sociedades a la capacidad económica real de las  empresas considerada interanualmente, eliminando las limitaciones en la compensación de  pérdidas o la deducción de gastos financieros, y corrigiendo totalmente los supuestos de doble  imposición tanto nacionales como extranjeros, mediante la exención total de dividendos y  ganancias patrimoniales. 
• Favorecer los instrumentos fiscales de apoyo a la I+D+I. 
• Favorecer la consolidación de las nuevas iniciativas empresariales con tipos inferiores tanto  en el Impuesto sobre Sociedades como en las cotizaciones sociales en los primeros años de  actividad.
• Reducir los tipos marginales del IRPF y elevar el umbral a partir del cual se aplican, en  consonancia con los países de nuestro entorno. Actualizar anualmente a la inflación los tramos  o tablas impositivos. 
• Evitar la introducción de nuevas figuras impositivas, cuyo único objetivo es recaudatorio y  acaban recayendo siempre sobre las empresas. 
• Coordinar de manera urgente las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, y  promover la supresión de muchos de los Impuestos Autonómicos que provocan distorsiones  en el mercado interior y comprometen la competitividad y viabilidad de los sectores  productivos a los que afectan. 
• Combatir y erradicar las tasas de economía sumergida y el fraude y evasión fiscal para que el  sistema tributario sea más justo, distribuya la presión fiscal de manera más equitativa,  contribuya al crecimiento económico y la creación de empleo, y reduzca el déficit  presupuestario sin incrementar la presión. 
• Facilitar fiscalmente la transición empresarial intergeneracional.

Unidad y vigilancia de mercado

• Controlar el estricto cumplimiento de la legislación de los productos puestos en el mercado. 
• Regular el comercio electrónico de forma que no sea competencia desleal contra las prácticas reguladas en los mercados. 
• Velar por una auténtica simplificación administrativa que establezca un entorno normativo  sencillo y previsible, con una legislación estable que favorezca la innovación y la  competitividad.  
• Evitar la dispersión normativa y garantizar la unidad legislativa entre Estado, Comunidades  Autónomas y Entes Locales que elimine la inseguridad jurídica para las empresas y  especialmente para las más pequeñas. 
• Evitar la sobrerregulación y la multiplicación de requisitos y exigencias, que perjudican la  competitividad, incrementan los costes de producción y fraccionan lo que debería ser un  mercado único real.  
• Realizar un auténtico análisis de impacto de la normativa que evite crear cargas  administrativas innecesarias a las pymes.

Fondos Europeos

• Impulsar la reintroducción en la agenda política europea con el objetivo de que el peso de la  industria llegue al 20 por ciento del PIB, de manera que la transición energética y ecológica se  lleve a cabo fortaleciendo la industria.  
• Impulsar decididamente el despliegue de los fondos Next Generation, con la creación de las  estructuras o los mecanismos que sean precisos para alcanzar una mayor velocidad en la  llegada de los fondos a la economía real. La transferencia de fondos entre administraciones  debe derivar en una llegada efectiva y ágil al tejido productivo, especialmente a las pymes y  autónomos, en forma de adjudicaciones de contratos y ayudas a las empresas y particulares  que los soliciten y aceleración de los PERTES.
• Fortalecer la flexibilidad y reducir la burocracia para el acceso a las ayudas, con medidas  como la generalización de la declaración responsable, la interoperabilidad entre las distintas  fuentes de información del sector público, la reducción de garantías y el incremento de los  anticipos. En este sentido, resulta fundamental que el sector público no imponga obligaciones  o genere rigideces más allá de las requeridas por la Unión Europea. 
• Poner en marcha nuevas fórmulas de ejecución de fondos, como los incentivos fiscales o los  proyectos tractores de carácter territorial, que reduzcan la excesiva atomización que  actualmente experimentan las convocatorias y las licitaciones de contratos públicos.  Desarrollar instrumentos eficaces de colaboración público- privada, para el diseño de  convocatorias y para la ejecución de los fondos, asegurando la máxima capilaridad, por  ejemplo, a través del sector financiero. 
• Reforzar los mecanismos de transparencia para contar con información detallada y  actualizada sobre el avance en el cumplimiento de los hitos y objetivos y sobre la llegada de  fondos a la economía real. Junto con ello, mejorar la información a empresas y los procesos de  notificación de ayudas del Estado.

Energía Climática

• Impulsar la reforma en la Unión Europea del mercado eléctrico bajo criterios que desacoplen el precio de los combustibles fósiles. 
• Asegurar un mix de generación equilibrado que genere precios finales competitivos y en el  que no se prescinda de ninguna tecnología energética madura, competitiva y baja en  emisiones de CO2. 
• Garantizar que en las reformas previstas para asegurar la seguridad de suministro y de  materias primas, reducir los precios de la energía y acelerar la transición energética se  mantengan las señales para la descarbonización y se proteja la competitividad de empresas e  industrias. 
• Asegurar un marco regulatorio nacional y de implementación de la normativa comunitaria  compatible con la realidad de las empresas españolas y con arreglo a los principios de proporcionalidad, estabilidad regulatoria y simplificación administrativa. 
• Impulsar iniciativas e infraestructuras para el desarrollo de las tecnologías de captura,  almacenamiento y uso de carbono, que permitan conseguir reducciones adicionales de  emisiones en los procesos industriales de difícil electrificación o de difícil descarbonización. 
• Favorecer actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética y el suministro a partir de  autoconsumo, así como las inversiones en equipos y sistemas que eviten pérdidas. 
• Impulsar la participación activa de la industria en el desarrollo de las políticas climáticas y energéticas poniendo en el centro de acción la competitividad industrial, estableciendo un  diálogo permanente con las organizaciones empresariales. 

Medioambiente y economía circular

• Establecer criterios ambientales proporcionados, únicos y homogéneos en todo el mercado  nacional. 
• Profundizar en la correcta aplicación de la normativa existente antes de plantear objetivos  adicionales o revisiones normativas.
• Vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental para preservar la competencia leal de los  operadores y evitar indeseadas situaciones en las que la industria que cumple con su  responsabilidad ambiental debe competir con quienes, ajenos a la misma, actúan impunes en  el mercado. 
• Ejercer mayor control en las fronteras de productos que no siempre cumplen los estrictos  estándares medioambientales en sus países de origen y que inundan nuestros mercados. 
• Implementar los objetivos de transición ecológica y digital sin comprometer la  competitividad, apoyando la transición en el diálogo permanente con la industria por cuanto  respecta a compromisos tan relevantes como los objetivos de desarrollo sostenible de la  Agenda 2030 o Net Zero 2050.

Morosidad

• Asegurar el cumplimiento de los plazos de pago de las Administraciones Públicas Españolas,  y evitar que las empresas utilicen plazos de pago muy largos como fuente de financiación,  forzando los recursos de sus proveedores al límite. 
• Adoptar de manera generalizada la factura electrónica, ampliando la obligación de expedirlas  y remitirlas a todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales. 
• Crear y regular, de manera efectiva, el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. 
• Aplicar un procedimiento más estricto de comprobación de pagos de los contratistas de las  Administraciones Públicas a los suministradores y subcontratistas en los contratos del sector  público, de forma que se implemente para todo tipo de contratos y no sólo para los de importe  superior a los 5 millones previstos por la norma, para cuyo estricto cumplimiento es preciso,  además, desplegar una campaña de información a todas las administraciones locales sobre la  adaptación de la ley. 
• Establecer que un coste financiero por la ejecución de un producto bancario en un plazo  superior a 60 días, si no es asumido por la empresa contratista, debería ser considerado  como impago.

Innovación y Economía Digital

• Desarrollar un Pacto de Estado por la Innovación, que implique a todos los partidos políticos y  que trascienda la duración de una sola Legislatura. Impulsar, en el marco de ese acuerdo, una  Ley de Innovación que incluya a la empresa como el actor central de la innovación, a diferencia  de la actual Ley de la Ciencia. 
• Promover las medidas necesarias para duplicar el peso de la economía digital en España para  lograr que todas las Administraciones Públicas ofrezcan todos sus servicios a empresas y  ciudadanos digitalmente a través de cualquier tipo de dispositivo. 
• Priorizar las tecnologías y los proyectos innovadores más transformadores, favoreciendo una  industria digitalizada de la mano de habilitadores como el IIoT (Industrial Internet of Things o  Internet Industrial de las Cosas), la Inteligencia Artificial, la robótica, la realidad virtual.

Contratación pública

• Regular la indexación de los contratos públicos al IPC, sujetando así la Administración Pública  a la revisión de precios lógica que aplica al sector privado como consecuencia de la inflación. 
• Reforzar la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen  en tiempo el precio pactado con los subcontratistas. 

Comercio del Metal

• Crear una Mesa de Comercio para impulsar su competitividad, su productividad y el empleo,  con atención a la política comercial y energética, de sostenibilidad, de transformación digital e  innovación, de logística e internacionalización 
• Lanzar un programa de impulso de sectores estratégicos y esenciales protegiendo al comercio  como vertebrador de la economía española. 
• Aprobar un Plan Renove para bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de equipo, para dotar al conjunto de la economía española de equipos más sostenibles y eficientes  energéticamente.