El objetivo de la nueva empresa es facturar 1.400 millones anuales
AMDPress.- La nueva empresa pública española de construcción naval se denominará Navantia —el nombre aúna los términos “avance” y “naval”—, tras la segregación del área militar del antiguo grupo público Izar. La compañía, que cuenta con 5.500 empleados, parte con una cartera de pedidos de 3.600 millones de euros y su previsión de facturación es de 1.400 millones anuales, frente a los 1.100 de 2004.
Así lo anunció el presidente de la compañía, Juan Pedro Gómez Jaén, durante la presentación de la empresa. Al acto también acudieron el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) —propietaria de Navantia—, Enrique Martínez Robles. El vicepresidente segundo del Gobierno destacó que la creación de esta empresa “resuelve el problema crónico de Izar” y afirmó que “el Gobierno ha conseguido los objetivos que se fijó”.
El presidete de Navantia explicó que la compañía confía en que 900 de los 1.400 millones de euros anuales que la compañía espera facturar se obtengan de la actividad militar nacional, 220 millones de las exportaciones militares y 280 millones de la rama civil. De esta manera, se cumpliría el compromiso del Gobierno con Bruselas, que establecía que la actividad civil sólo supondría el 20% del negocio total del grupo. Los astilleros integrados en Navantia —Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Madrid— facturaron 1.100 millones de euros en 2004.
Gómez Jaén detalló que la compañía nace con cuatro líneas de negocio: construcción naval, reparaciones, propulsión y sistemas FABA, a las que se añaden las oficinas centrales de Madrid. Asimismo, el mandatario de Navantia destacó el sistema de producción que utilizará la compañía, denominado “construcción modular integrada”, que permite fabricar los buques por módulos, para montarlos posteriormente. Con este método la empresa espera ahorrar costes “de manera significativa”.
El pasado mes de diciembre se firmó el plan de viabilidad para los astilleros públicos, que incluía la segregación de la rama militar y la civil. La primera se integró en New Izar —ahora Navantia— y la componían los astilleros de San Fernando, Cartagena, Ferrol, Fene y Puerto Real; mientras que se decidió vender la parte civil, compuesta por los astilleros de Gijón, Sevilla, Sestao, Manises y Cádiz.
El presidente de la Sepi anunció que la próxima semana se presentará en la Dirección General de Trabajo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de los 4.028 trabajadores de la rama civil. Martínez Robles añadió que las pérdidas de 800 millones de euros que tenía Izar hasta el año pasado “hacían imposible la pervivencia de la compañía”.
Por su parte, el portavoz de Economía del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, Pedro Azpiazu, lamentó que la Naval de Sestao haya quedado fuera de Navantia. Azpiazu aprovechó para reclamar al Ejecutivo que permita al País Vasco participar en el proceso de liquidación del astillero vizcaíno y solicitó al Gobierno que busque nuevos socios que participen en su proceso de privatización.
Además, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Rodríguez, expresó su “preocupación” por la constitución de esta nueva sociedad y consideró que el porcentaje del 20% de construcción civil de la nueva Izar es “escaso”. Además, Rodríguez declaró que el control que ejercerá la Unión Europea (UE) para que no se transfiera capacidad militar a lo civil es “contrario a la libre competencia”.
