El pasado miércoles se celebró la Asamblea General ordinaria de Cepyme, durante la cual tuvo lugar la lectura pública del ‘Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa’. Este documento representa un firme posicionamiento contra las políticas gubernamentales que amenazan la autonomía y el desarrollo de las empresas en el país.

La Asamblea estuvo inaugurada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, su presidente y vicepresidente de Cepyme, Luis Collado, asistió al acto.

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, subrayó la necesidad urgente de poner fin a lo que denomina un "ataque injusto" contra las empresas españolas. Cuerva argumentó que las medidas intervencionistas adoptadas lesionan los derechos constitucionales de las pymes y ponen en riesgo la prosperidad económica general: “Ante la aprobación en los últimos años de medidas intervencionistas que menoscaban la flexibilidad y el buen funcionamiento de las compañías, pedimos salvaguardar la libertad de empresas en España”, señala.

Uno de los puntos centrales del manifiesto al que se hizo referencia en la Asamblea es la medida anunciada por el Gobierno de reducir la jornada laboral a 37,5 horas: “La reducción de jornada es solo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de forma unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa”, señaló el líder de Cepyme. Por esta razón, el manifiesto exige poner fin a la tutela gubernamental sobre la organización interna y la ordenación del tiempo del trabajo en las empresas. Este tipo de decisiones son ámbitos privados de la empresa y como tal solo incumben a la misma y a los trabajadores afectados.

Aecim defiende que debe ser a través de la negociación colectiva como se reduzca progresivamente la jornada de trabajo ya que esta reducción para que sea positiva debe ir ligada a un incremento de la productividad y esta ilación se conoce desde los respectivos sectores de la negociación colectiva. La aceptación de las nuevas tecnologías en el trabajo varía según la actividad económica y por lo tanto la adopción de medidas generales no puede realizarse sin que ello conlleve efectos negativos en nuestra economía.

Otro aspecto relevante que se aborda en el texto es el tema de la negociación colectiva resaltando que se debe respetar el diálogo bipartito entre los empresarios y los sindicatos. Aunque reconoce la necesidad de avanzar y modernizar la misma, los representantes empresariales insisten en que cualquier reforma debe realizarse mediante la consulta y negociación con los agentes sociales. Ignorar a estos actores es ignorar a los verdaderos protagonistas del mercado laboral: los trabajadores y las empresas.

El manifiesto advierte que no contar con las empresas españolas en la toma de este tipo de medidas aumentará la desigualdad entre los españoles, reducirá la productividad y el crecimiento empresarial, obstaculizando así el desarrollo económico, el equilibrio y la paz social de nuestro país.

El texto por la libertad de empresa subraya los puntos críticos en los cuales, según las empresas, el Gobierno no debe comprometerse para evitar interferir en el adecuado funcionamiento empresarial. El contenido del texto se divide en siete bloques: Por la dignidad empresarial; Por el cese del control y la sobrerregulación; Por el respeto a la negociación colectiva; Por la no intervención salarial; Por la flexibilidad interna y la no injerencia en los recursos de la empresa; Por unas cargas sociales y fiscalidad que no lastren la competitividad y Por el respeto al diálogo social.

El objetivo de la patronal de las pymes con este manifiesto no es otro que hacer un llamamiento a las empresas españolas a hacer una defensa activa de sus derechos ya que el hostigamiento al que le está sometiendo el gobierno compromete seriamente el futuro de las mismas.

Aecim como patronal del metal respalda este manifiesto a favor de la libertad empresarial. "Nuestra asociación representa a más de 8.000 empresas y por ello consideramos fundamental la unidad empresarial para salvaguardar sus derechos y autonomía frente a intervenciones gubernamentales que perjudican la competitividad y el crecimiento económico de las pymes en España", declaran.